Acuerdo de Escazú: un hito regional para la democracia ambiental
El Día Internacional de la Madre Tierra entró en vigor el Acuerdo de Escazú, el primer tratado medioambiental de América Latina y el Caribe.
Por Belén Juliá
9 de junio de 2021

¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú?

Un hito regional para la democracia ambiental

 

acuerdo de escazú

  Un ave descansa en una rama en La Fortuna (Costa Rica). Fuente: Julie Raccuglia | Licencia Creative Commons

 
El 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, el primer tratado medioambiental de América Latina y el Caribe. Se trata de un hito jurídico en una región que alberga el 60% de la vida terrestre del planeta y que atesora una profunda diversidad biológica. Si bien las negociaciones comenzaron en el año 2012, su implementación oficial se ha producido nueve años después y únicamente en los doce países que han ratificado el tratado. Además, los dos estados que lideraron el proceso de negociación, Chile y Costa Rica, le han dado la espalda, cuestionando la credibilidad del pacto a nivel internacional.
 
Pese a los obstáculos que lo rodean, el Acuerdo de Escazú es el único tratado del mundo que contiene disposiciones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos que se dedican a asuntos ambientales. De ahí que sea considerado un hito en la construcción de la democracia ambiental. A este respecto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, considera que se trata de “un logro histórico para la región y para el mundo” y “una inspiración para frenar la triple crisis del cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la contaminación del medio ambiente natural”.
 

Los orígenes del Acuerdo

Las bases del tratado se remontan a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), celebrada en Río de Janeiro en 2012. Este evento fue el punto de partida para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para consolidar el denominado «Principio 10». Este trata de garantizar el libre acceso a la información, a la participación de la toma de decisiones y a la justicia en asuntos ambientales. Su principal objetivo es asegurar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.

Una de las novedades de dicha Conferencia fue la solicitud por parte de los gobiernos de Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay de un nuevo mecanismo para proteger el «Principio 10». Esa declaración es considerada el antecedente directo del Acuerdo de Escazú. Así, tras nueve reuniones de un Comité de Negociación establecido en 2014, el 4 de marzo de 2018 se adoptó el tratado en la ciudad costarricense de Escazú.

Aunque el acuerdo regional está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, únicamente cuenta con 24 firmas y 12 ratificaciones. En el caso de Chile ha sido llamativo el hecho de que no haya procedido a su firma. Su último compromiso oficial a favor de esta iniciativa regional se remonta a un comunicado con Costa Rica de junio de 2018. En septiembre de 2020, durante la presidencia de la COP25, el Gobierno chileno de Sebastián Piñera anunció que no lo firmaría.

El expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006) afirmó que el país “se aparta del multilateralismo activo en este tema, del que ha sido un actor importante”. Entre las razones esgrimidas por el Gobierno se señalaron “ambigüedades” en ciertas normas, lo que provocaría confusiones jurídicas y una exposición a posibles demandas internacionales.

 

Acuerdo de Escazú

  Infografía del Acuerdo de escazú. Elaboración de Belén Juliá a partir de Cepal 

¿Cómo se fijó la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú?

La fecha de entrada en vigor del acuerdo se calculó contando tres meses desde el depósito del instrumento de ratificación número 11, tal y como establece el artículo 22, inciso 1 del tratado. A este respecto, la coordinación diplomática entre Argentina y México fue fundamental. De 10 estados que habían ratificado el tratado se pasó directamente a 12.

Ambos gobiernos ratificaron el acuerdo ante Naciones Unidas el 22 de enero de 2021. De este modo, facilitaron su entrada en vigor para el Día Internacional de la Madre Tierra. Esta acción envió un claro mensaje en defensa de la democracia ambiental y de un liderazgo político comprometido con la protección del medio ambiente, los derechos humanos y el multilateralismo al resto de la región y a la comunidad internacional.

¿Cuál es su objetivo principal?

El nombre completo del Acuerdo de Escazú es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe». Como se aprecia, la finalidad del tratado es garantizar el establecimiento pleno de esos tres derechos y fortalecer la cooperación en materia ambiental.

Cada estado parte debe respetar una serie de principios a la hora de llevar a la práctica el acuerdo. Por ejemplo, la transparencia y rendición de cuentas, la máxima publicidad, la igualdad y no discriminación, la equidad intergeneracional y la no agresión.

Las partes también deben garantizar el derecho de toda persona “a vivir en un medio ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el presente acuerdo”. En la lucha contra la desigualdad, el acuerdo pone el foco en aquellos grupos o personas en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas. Asimismo, se hace hincapié en la preocupación por los defensores ambientales, quienes deben ser protegidos de amenazas, ataques e intimidaciones.

 

Acuerdo de Escazú

Apertura de la firma para el Acuerdo de Escazú. Fuente: Cancillería Argentina | Licencia Creative Commons

 

Información, participación y justicia ambiental

Con respecto al acceso a la información, se ha establecido que cada estado parte debe “garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad”. A nivel práctico, esta obligación consiste en establecer sistemas de información ambiental a través de la publicación de leyes sobre la materia, listados de zonas contaminadas o informes sobre el estado del medio ambiente. Además, la sociedad civil tiene la posibilidad de solicitar información a las autoridades públicas y ser informado en caso de denegación.

En segundo lugar, el tratado alude a la participación activa de la población en la toma de decisiones en materia ambiental. Estas disposiciones también se aplican a otros proyectos o actividades que puedan tener un impacto relevante sobre el medio ambiente. Para hacer efectivo este pilar, el papel de la información se considera esencial. El público debe ser informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, y a través de medios apropiados, de la naturaleza, el procedimiento y las autoridades involucradas en la toma de decisiones.

“Se debe garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad”

Finalmente, debe garantizarse “el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso”. Esta disposición consiste en permitir al público impugnar la legalidad de las decisiones gubernamentales relativas al medio ambiente. Más específicamente, se alude a decisiones que puedan provocar un efecto adverso en el ambiente.

La ausencia de Costa Rica, el país que le dio nombre al Acuerdo

Aunque Costa Rica fue, junto con Chile, uno de los impulsores del Acuerdo de Escazú, el país no ha ratificado el texto. Tras la tajante oposición de las cámaras empresariales, la aprobación quedó estancada en la Asamblea Legislativa. A través de un comunicado de prensa, la Cámara de Comercio del país expresó su rechazo al acuerdo. Además, solicitó a los diputados votar negativamente el proyecto de ratificación o directamente no convocarlo. Entre las razones esbozadas se señaló que “el Acuerdo de Escazú amenaza la seguridad jurídica de las empresas”. No obstante, en un análisis detallado, los periodistas de Doble Check han indicado que los argumentos son falsos y que no se corresponden con el texto del tratado.

La semana anterior a la fecha de entrada en vigor, el Poder Ejecutivo convocó el acuerdo a sesiones extraordinarias, para desconvocarlo 48 horas después. A los pocos días lo volvió a convocar y a desconvocar por segunda vez, alegando razones sanitarias vinculadas a la pandemia del coronavirus. Estos hechos han generado malestar entre ciertos sectores de la población, que lo perciben como un acto improvisado y sin coherencia.

¿Estamos ante una campaña de desinformación?

El rechazo de Costa Rica al acuerdo no ha sido el único. Desde la adopción del texto en el año 2018 hasta su entrada en vigor en abril de 2021, el Acuerdo de Escazú ha sido objeto de diversas críticas. En este sentido, la cláusula sobre la solución de controversias entre dos o más partes del tratado (Artículo 19) se ha interpretado como una amenaza para los propios Estados.

Especialmente el inciso 3 en el que se establece que “la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes acuerden otra cosa”. Sin embargo, la Convención de Aarhus, un instrumento similar de ámbito europeo, cuenta con un artículo idéntico sobre la solución de controversias.

Con el objetivo de desmitificar ciertos argumentos esgrimidos contra el acuerdo, diversas organizaciones de la sociedad civil han elaborado artículos para esclarecer su contenido. A este respecto, cabría citar una publicación de la ONG colombiana Ambiente y Sociedad, un documento de la Fundación Carolina y, en tercer lugar, un artículo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

Todas estas iniciativas, así como el propio Acuerdo de Escazú, confirman el valor de la dimensión regional del multilateralismo en el desarrollo sostenible. La lucha contra la desigualdad, el libre acceso a la información y la defensa de un medio ambiente sano constituyen su columna vertebral. Desde su génesis, se erige como un instrumento innovador que reivindica la participación de la sociedad en asuntos ambientales por medio de la cooperación internacional.