El panorama mundial de los derechos LGBTQIA+
Durante 2021 hemos asistido a grandes avances en materia de derechos LGTBIQIA+. Sin embargo, han sido muchos los Estados que han tenido retrocesos en esta cuestión, provocando la preocupación de la comunidad internacional.
Por Adela Toscano y Belén Juliá
12 de agosto de 2021

El panorama mundial de los derechos LGBTQIA+

Avances y retrocesos en 2021

LGBTQIA+

Cada 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+. Su principal objetivo consiste en crear un espacio para reivindicar la igualdad y la protección de los derechos del colectivo LGBTQIA+. Tal y como indica la Organización de las Naciones Unidas, los días internacionales son un instrumento para movilizar la voluntad política y los recursos hacia la solución de problemas pendientes en la comunidad internacional. En este sentido, los días internacionales son concebidos como un trampolín para las actividades de concienciación y, en especial, para la defensa de los derechos humanos.

Las relaciones entre personas del mismo sexo son criminalizadas por 69 países, de acuerdo con el último informe Homofobia de Estado 2020, elaborado por la Asociación Internacional de las personas LGTBI (ILGA). Si bien Gabón ha salido de la lista de países que criminalizan la homosexualidad, no debe olvidarse de que se trata del 35 % del total. Asimismo, las personas transgénero son sometidas a castigos y a altos niveles de violencia en, al menos, 26 países. Estos datos ilustran las razones por las que se ven obligadas a abandonar sus países de origen, adquiriendo el estatus de Refugiados LGBTI, según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).

Origen del día del Orgullo

La celebración del día del Orgullo como símbolo de la reivindicación por la igualdad cumplió medio siglo en el año 2019. Su origen se remonta al mes de junio de 1969 en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. La comunidad homosexual sufrió una redada policial en el bar Stonewall Inn, cuya consecuencia fue una serie de manifestaciones espontáneas que dio lugar a la primera reivindicación LGBT en la historia de los Estados Unidos. Estos disturbios son considerados un punto de inflexión en la lucha por los derechos del colectivo, así como un precedente para la despenalización de la homosexualidad. De hecho, a un año de los disturbios, se produjo el primer desfile a modo de conmemoración de los sucesos del Stonewall. Ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Nueva York despertaron gracias al impulso de estas manifestaciones pacíficas espontáneas.

En el caso específico de España, entre el 25 de junio y el 4 de julio, el Orgullo volvió a las calles bajo el lema «Los derechos humanos no se negocian, se legislan: ley integral trans ya». Se trata de una reivindicación que considera que dicha ley es imprescindible para garantizar la igualdad de las personas trans. Diversas asociaciones de defensa de los derechos LGBT+ aseguran que la falta de voluntad y de compromiso político genera una desprotección legal que dificulta la igualdad legal y social de este grupo. Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad, se utilizó el lema «Orgullo de todas, todos, todes. Por una España feminista y diversa». En el cartel de presentación se incluye una ilustración de la artista Lara Lars como homenaje al activismo LGBT+. 

Corredor  China Bangladesh Myanmar

Mapa del grado de protección y criminalización de la comunidad LGBTQIA+. Fuente: Datos del Informe de Estado 2020 de Homofobia

Los derechos LGBTQIA+ en el mundo

La lucha internacional contra la violencia, discriminación y exclusión con base en la orientación sexual y la identidad de género tiene unas dimensiones históricas. Sin embargo, el reconocimiento expreso de esta discriminación y la necesidad de combatirla se ha hecho esperar hasta el siglo XXI. En concreto, cuatro resoluciones promulgadas por Naciones Unidas han traído los derechos LGTBQIA+ al punto de mira de la comunidad internacional. En 2011, se aprobó la resolución A/HRC/RES/17/19 reconociendo los derechos de las personas LGBT. En 2014, la resolución A/HRC/RES/27/32 enfatizó la necesidad de combatir la violencia y discriminación por razón de orientación sexual y género sufrida por el colectivo. En 2016, la resolución A/HRC/RES/32/2 crea la figura de un Experto Independiente en la temática. Finalmente, entre 2017 y 2019 diversas resoluciones comienzan a dirigirse expresamente a aquellos Estados que mantienen la pena de muerte para las relaciones homosexuales consentidas.

A pesar de la existencia de normas internacionales, la traslación de los derechos LGTBQIA+ a los marcos jurídicos nacionales es sustancialmente asimétrica. Es decir, las posibilidades de desarrollo personal y profesional de las personas del colectivo aún están muy marcadas por su lugar de nacimiento. La Asociación Internacional de las personas LGTBI (ILGA) dedica gran parte de su trabajo a la observación y denuncia de este hecho. El análisis de ILGA estudia diversas categorías de la protección —constitucional, amplia, laboral o dispar— y criminalización de la diversidad sexual y de género. A continuación, puede observarse una adaptación de su último informe «Homofobia de Estado: Panorama Global de la Legislación en 2020». Dado que a lo largo del 2021 ya se han confirmado tendencias de avance y regresión, el mapa incorpora sendas llamadas de atención.

Un 2021 de retrocesos vertiginosos

La crisis mundial provocada por la pandemia del Covid-19 ha exacerbado las desigualdades del mundo e impactado especialmente en los colectivos más vulnerables. La literatura al respecto (Patel et al., 2020; Furceri et al., 2020; Ahmed et al., 2020) también señala al LGTBQIA+ (Drabbel y Eliason, 2021). En esta línea, el informe del Experto Independiente de la ONU confirma cómo la pandemia reproduce y exacerba su exclusión social y discriminación. El reporte subraya la consolidación de la criminalización, demonización y patologización del colectivo de manera generalizada.

A tenor de lo anterior, no es sorprendente el paisaje desolador del mapa anterior. A finales de 2020, 69 Estados criminalizaban la homosexualidad; 11 de ellos castigándola con la pena de muerte. Además, en el primer semestre de 2021 se han confirmado regresiones importantes, especialmente en Europa. Por un lado, estados como Rusia han confirmado su senda anti-LGBTQIA+ con profundas enmiendas constitucionales para la protección de la institución del matrimonio. Por otro, Estados miembros de la Unión Europea como Polonia y Hungría han consolidado sus violaciones de los derechos LGBTQIA+. Concretamente, denominando diversas ciudades como «libres de la ideología LGBT» en Polonia y prohibiendo la «promoción de la homosexualidad» entre los menores en Hungría. Ambas regresiones entronizan grandes retos para los valores de la UE que ya considera acciones punitivas contra sendas actuaciones.

Tímidos avances en derechos LGBTQIA+

Junto a esta imagen de sombras, 2020 y la primera parte del 2021 también nos deja algunas luces relevantes, tímidas pero importantes. En concreto, se ha legalizado el matrimonio en personas del mismo sexo en Montenegro, Mónaco, Irlanda del Norte, Suiza, Islas Caimán, Taiwán y Costa Rica. En este último también se ha legalizado la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Además, se consolidaron los procesos de legalización en Sudáfrica y la intención de hacerlo en Ecuador y Venezuela a lo largo del 2021. En lo que respecta a la criminalización, se ha asistido a la despenalización en Gabón y Angola con la derogación de la pena de muerte en Sudán.

También en esta ola de avances, el informe de ILGA señala une evolución positiva en la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión”. Se trata de un aspecto relativamente reciente que comienza a considerarse en Bélgica, Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia o Países Bajos. Finalmente, ILGA también subraya un hecho digno de ser mencionado y que podría marcar el devenir de un grupo de países: los mayoritariamente católicos. Hablamos de las declaraciones no oficiales del Papa Francisco en octubre de 2020 apoyando las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. El acercamiento del líder religioso también se ha reforzado en el contexto del Día del Orgullo.

LGBTQIA+

Hostal Stonewall. Fuente: Victoria Pickering | Licencia Creative Commons

El rol de España: afrontar los retos internos y externos

De acuerdo con el Mapa Anual Rainbow Europe, España es el noveno país europeo con mayor aceptación del colectivo LGBT. El Eurobarómetro sobre la Discriminación (2019), elaborado por la Comisión Europea, señala que el 90 % de los españoles considera que las personas LGBTQIA+ deberían tener los mismos derechos que las personas heterosexuales. A nivel europeo, el promedio es del 71 %. Además, el 81 % de los entrevistados españoles se sentirían cómodos si tuvieran que trabajar con una persona LGBT y España se sitúa como el país de la UE con más población a favor de que las personas trans puedan cambiar sus documentos oficiales. El promedio europeo equivale al 59 %. Si bien estos datos reflejan la imagen de país LGBT+ friendly, no plasman la tendencia al alza de delitos de odio hacia colectivos vulnerables en los últimos años.

Entre 2013 y 2019, el número de agresiones vinculadas a delitos de odio ha aumentado un 45 %, tal y como lo recoge el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. También los hechos asociados a la discriminación por orientación sexual o identidad de género han pasado de 259 a 283 entre 2018 y 2019. Ciertos datos ponen de manifiesto un retroceso de 10 años en materia de igualdad. De ahí que la visibilidad sea considerada conditio sine qua non para revertir la situación.

El anteproyecto de la Ley Trans

Otro desafío interno en materia de igualdad es la conocida como ley trans, aprobada el martes 29 de junio en el Consejo de Ministros. Uno de los aspectos más controvertidos en la negociación fue la autodeterminación de género. El anteproyecto incluye el cambio registral de sexo y no de género, como solicitaba el Partido Socialista. Asimismo, los casos de violencia de género quedarán afectados, al especificar que, con el cambio de sexo en el registro, las personas no podrán ser beneficiaros con carácter retroactivo de las medidas de discriminación positivas recogidas en la ley de Igualdad (2007).

Un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la aprobación del anteproyecto, medio centenar de organizaciones feministas de toda España se movilizaron en contra de la ley. Agrupadas en la Confluencia Movimiento Feminista, hacen hincapié en que las normativas que persiguen la autoidentificación del género son regresivas y suponen un peligro para la protección de los derechos específicos contra la opresión por razón de sexo. De esta forma, el gobierno se enfrenta a un enorme desafío derivado de la creciente polarización entre dos posturas que parecen irreconciliables. Su acercamiento dependerá de la capacidad de diálogo, mediación y articulación de políticas públicas conciliadoras por parte del Poder Ejecutivo.