La seguridad en Latinoamérica bajo el mito de Atlas
Latinoamérica cargando sobre sus hombros la pesada carga de ser origen de algunas de las amenazas globales y de tener la obligación de atenuar sus efectos en terceros países, sin capacidad para hacerlo en los propios, rememora a ese joven Atalante castigado para  toda la eternidad con sostener el cielo, y amenazado con convertirse en piedra si desconfía del papel asignado.
Por Luis Ramón Ruiz
9 de mayo de 2021
Mapa Latinoamérica

L as recientes crisis mundiales, las más impactantes, la económica de 2008 y la actual pandemia iniciada en 2020, están tenido un gran impacto social en todo el mundo, con crecimientos continuos de los niveles de desigualdad y un fuerte incremento del volumen de población que, según los estándares internacionales de medición de la pobreza, se incorporan a estos estratos sociales más desfavorecidos, siendo, a su vez, los más afectados por los problemas de seguridad.

Estos fenómenos de impacto global tienen consecuencias relevantes que van mucho más allá de los daños directos para los sujetos que los sufren. Tanto la crisis económica como la crisis sanitaria han abierto nuevos debates sobre aspectos fundamentales de las bases sobre las que se asientan las organizaciones políticas; sobre el contenido, alcance y ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos; y sobre el propio modelo socioeconómico y su eficiencia para afrontar estas crisis y las venideras, algunas de ellas derivadas de las próximas transformaciones tecnológicas indisociables de las necesidades medioambientales.

Todos estos fenómenos y sus efectos, aunque con distinta intensidad, se vienen incorporando, de forma paulatina, a los documentos más relevantes de los últimos años relacionados con la seguridad de los Estados y de las organizaciones regionales e internacionales. Incluso la previsión de posibles pandemias, asociadas a los fenómenos globalizadores, han aparecido puntualmente en algunos de estos documentos, aunque a un nivel muy teórico, sin ser concretadas en sus textos en políticas concretas, por las lógicas dificultades para concretar el qué y el cómo se podían llegar a manifestar.

Convertidas las sociedades modernas, en terminología de Ulrich Beck, en “sociedades del riesgo”, la seguridad ha pasado desde entonces a ocupar un primer plano indiscutible, y la comprobación material de la factibilidad de estas crisis globales, superando cualquier plano teórico, aún va a intensificar la visión del mundo a través de las demandas y las respuestas de seguridad frente a toda clase de riesgos.

El miedo y la ansiedad colectiva están siendo algunas de las consecuencias más visibles de estos procesos, y de ellos derivan demandas en abstracto de respuestas de los poderes públicos, al tiempo que crece la convicción de buscar herramientas ajenas al espacio público para protegerse de las diferentes amenazas que se muestran como posibles.

El miedo y la ansiedad colectiva están siendo algunas de las consecuencias más visibles de estos procesos, y de ellos derivan demandas en abstracto de respuestas de los poderes públicos, al tiempo que crece la convicción de buscar herramientas ajenas al espacio público para protegerse de las diferentes amenazas que se muestran como posibles.

Esta contradicción se manifiesta al exigir mejor respuesta institucional, al tiempo que crece la desconfianza en los poderes públicos. Esta suspicacia se concreta en la búsqueda de soluciones en el terreno informal, lo que genera de igual forma políticas contradictorias que pretenden mostrar firmeza ante las amenazas mientras, de igual forma, se va cediendo o abandonando espacio a los ciudadanos para que busquen sus propias soluciones.

Siendo la seguridad una exigencia constitucional que se vincula con el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, las políticas públicas relacionadas con esta materia no pueden desarrollarse de espaldas al sentido que las mismas tienen en el marco de los Estados democráticos y sociales de Derecho. Cualquier modelo de Estado tendrá que afrontar la seguridad como estrategia general, pero sólo las respuestas capaces de pasar el tamiz de las exigencias que imponen los Derechos Humanos y los mecanismos de control del poder serán respuestas aceptables si se sitúan lejos del abuso y la arbitrariedad.

Pero, afrontar la amplia y heterogénea materia de la seguridad sin conectar los objetivos que la configuran, con el contexto en el que se desarrollan sus políticas, es un claro error. Y es posible caer en el mismo con relativa facilidad. Si se estima que la seguridad es un estado de cosas que impregna de forma general a todos los grupos sociales de cualquier organización, entonces no se habrá comprendido la naturaleza del problema y, por lo tanto, la clase y puesta en práctica de las respuestas.

De este modo, si se acoge bajo el concepto de “iberoamericano” lo que tiene lugar entre la frontera norte de México y el extremo sur de Chile, sumándole los territorios europeos perteneciente a España y Portugal, las diferencias en cualquier variable que se tome son tan extremas que pretender hablar de seguridad para Iberoamérica representa un esfuerzo imposible de hacer y mucho menos de resumir.

Por ello, es necesario comenzar por los estándares mínimos comunes para todos los territorios, antes de bajar al terreno de las especialidades propias de cada uno o de cada grupo de ellos. Y la primera exigencia debe ser el respeto de las reglas propias de las declaraciones internacionales de los Derechos Humanos y de las reglas de la democracia. Si algo se ha podido observar en los últimos años, en especial tras el ataque a las torres gemelas de Nueva York, es una constante tendencia a asociar la inseguridad con determinadas características del ejercicio de los derechos y las libertades públicas y de los procesos políticos de los Estados democráticos a las que se identifican como debilidades o fragilidades que, de algún modo, deben reforzarse para afrontar las amenazas para la seguridad. De este modo, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, los derechos de participación pública, la libertad de circulación personal, la defensa de las propias posiciones ante los responsables de la seguridad o la proporcionalidad del castigo a la infracción cometida, son algunos de los fundamentos de los regímenes democráticos que están en el centro del debate sobre las grietas de la seguridad.

Tras el ataque a las torres gemelas de Nueva York, hay una constante tendencia a asociar la inseguridad con determinadas características del ejercicio de los derechos y las libertades públicas y de los procesos políticos de los Estados democráticos a las que se identifican como debilidades o fragilidades que, de algún modo, deben reforzarse para afrontar las amenazas para la seguridad

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llevan años reforzando la necesidad de mantener la congruencia entre el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de las políticas de seguridad, y el propio Consejo de Europa se ha pronunciado de forma reciente sobre la necesidad de anclar con fuerza ese respeto con ocasión de la Opinión emitida por la Comisión de Venecia el 22 de marzo de 2021, respecto de la española Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, norma que la Comisión considera de estructura constitucional, pero, al mismo tiempo, una fuente relevante de riesgos para los ciudadanos frente a los responsables de la seguridad.

Por lo tanto, los derechos fundamentales y las libertades públicas constituyen el mínimo común denominador para todos los territorios desde los cuales las políticas de seguridad pueden ser construidas, y ello sin caer en la perversión de sostener que hay lugares, grupos de sujetos o actividades sobre los que esa premisa no es válida y que para garantizar los derechos y libertades de los demás lugares, personas y actividades es necesario limitarlos para los primeros, en beneficio de los segundos, porque sólo estos segundos representan realmente los espacios democráticos.

Y aquí es donde surgen las especialidades de la seguridad para Iberoamérica, porque mientras que las políticas de seguridad predominantes parecen diseñadas y puestas en práctica de forma global, en realidad, la mayor parte de sus contenidos serán viables y eficientes para aquellos territorios que cumplan determinadas condiciones en los que la amenaza y la respuesta, preventiva o reactiva, sean ambas reales y realizables. Si se analiza la Estrategia de la UE para la Unión de la Seguridad, para el periodo 2020-2025, y se observa que se identifican como fines de la misma “la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la prevención y la detección de las amenazas híbridas y el incremento de la resiliencia de nuestras infraestructuras críticas a la promoción de la ciberseguridad y el fomento de la investigación y la innovación”, resulta evidente que la viabilidad de la estrategia depende de las circunstancias propias de los países de la Unión, pero son difícilmente exportables por impracticables y meramente teóricas para muchos otros territorios.

Para el modelo de EE.UU. y Canadá la similitud con la estrategia europea, y la de los Estados europeos, es muy elevada, pero no deja de llamar la atención que Latinoamérica se considere un territorio de especial interés de la seguridad nacional de algunos de ellos, especialmente de EE.UU. y de España, que, por ejemplo, en sus Estrategias de Seguridad Nacional de 2013 y de 2017, incluyen abundantes referencias a los intereses españoles en el territorio latinoamericano en clave de seguridad nacional.

Pero estos modelos de los países desarrollados, incluso refiriéndose a los países de Latinoamérica, obvian por completo las necesidades estratégicas de seguridad de estos países, a su vez, muy disímiles respecto de los riesgos y amenazas que identifican por separado. Los principales problemas de seguridad en Latinoamérica son de seguridad humana, de protección de las personas, porque la desigualdad social y la brecha de desarrollo económico y tecnológico en el subcontinente es de tal magnitud, que en 2016 sólo seis países de Latinoamérica y el Caribe tenían alguna clase de estrategia de seguridad cibernética, aun centrados la mayoría de ellos en intentar crear las condiciones básicas para la seguridad de las personas frente a la violencia y el crimen organizado. A ello es preciso sumarle el hecho de que América latina sigue dependiendo en su desarrollo de un modelo económico de protección de las materias primas y sistemas de transporte de las mismas hacia los países desarrollados, especialmente, Estados Unidos y, luego, Europa, por lo que los diseños de seguridad nacional son dependientes del buen funcionamiento de este modelo de subordinación económica y políticas a otros ejes de poder mundiales.

América latina sigue dependiendo en su desarrollo de un modelo económico de protección de las materias primas y sistemas de transporte de las mismas hacia los países desarrollados, especialmente, Estados Unidos y, luego, Europa, por lo que los diseños de seguridad nacional son dependientes del buen funcionamiento de este modelo de subordinación económica y políticas a otros ejes de poder mundiales

Los grandes problemas de la seguridad en Latinoamérica se esconden tras la realidad medida por todos los organismos internacionales que la consideran la región del mundo con mayor grado de desigualdad social y económica, y, derivadas de ella, los dos fenómenos de mayor interés para la seguridad propia y de terceros países: la violencia y la inmigración. Durante el mandato de Donald Trump la defensa de la patria ha sido el primer pilar de la estrategia de seguridad nacional de su país, y la inmigración se ha concretado como la mayor amenaza para ese objetivo. Ello ha condicionado, y sigue haciéndolo, las estrategias de seguridad de los países más afectados al sur de la frontera de los EE.UU. De hecho, para México, el control de la inmigración, procedente sobre todo de Centroamérica, se encuentra al mismo nivel de exigencia que la lucha contra el crimen organizado, aun siendo la inmigración ilegal una cuestión de relativo impacto para la seguridad mexicana.

Este es seguramente el drama de la seguridad, de las políticas y estrategias de seguridad para Latinoamérica, la enorme dificultad para desarrollar estrategias propias para la defensa de sus intereses frente a riesgos y amenazas propios. La supeditación a los intereses securitarios de los Estados del hemisferio norte sigue siendo una rémora para el desarrollo y consolidación de las bases democráticas de buena parte de los países latinoamericanos, en continua inestabilidad institucional, y, consecuencia de ello, con un desmedido desequilibrio en las exigencias de justicia social que están detrás de la enquistada violencia y corrupción institucional que afecta a casi todos los territorios. Latinoamérica cargando sobre sus hombros la pesada carga de ser origen de algunas de las amenazas globales y de tener la obligación de atenuar sus efectos en terceros países, sin capacidad para hacerlo en los propios, rememora a ese joven Atalante castigado para  toda la eternidad con sostener el cielo, y amenazado con convertirse en piedra si desconfía del papel asignado.

Luis Ramón Ruiz es Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Cádiz y dirige la Sección de Cádiz del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Desde 2017 coordina la Red POLYSEG, Red de Investigadores Iberoamericanos sobre Política Criminal e Instituciones de la Seguridad de la AUIP, y es Director de la Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad, editada por la Editorial Jurídica Continental de Costa Rica, desarrollando sus investigaciones de forma preferente en Seguridad y Extranjería.